33 asesinatos en Udea desde 1993
La Costa Norte es la segunda zona donde se registran más atropellos contra estudiantes, después del Suroccidente colombiano.
Por REDACCIÓN LOCAL
Quince estudiantes de la Universidad del Atlántico han sido asesinados desde 1993, crímenes que la comunidad académica atribuye a los grupos paramilitares.Denuncias sobre la corrupción interna en la alma máter serían la principal causa de esta seguidilla de crímenes. La cifra por sí sola es alarmante, pero cuando se suman a la lista los 18 profesores asesinados en el mismo período queda en evidencia que detrás hay una cadena de homicidios selectivos.Las denuncias han sido hechas por el Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), seccional Atlántico. De no ser por la captura de los presuntos asesinos del universitario Reinaldo Serna, se podría afirmar que todos estos delitos continúan en la impunidad.El grado de violencia no es diferente en las demás universidades públicas y privadas del país. Las manifestaciones en contra de cualquier medida que consideren nociva para sus intereses estudiantiles son para los universitarios el inicio de un camino muy peligroso. Sólo entre 2002 y 2004, según la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu), 47 fueron asesinados, 52 amenazados de muerte, 12 desaparecidos, 11 allanados, 281 detenidos de manera arbitraria, 2 secuestrados, un exiliado y 6 heridos con armas de fuego por agentes de la Policía. “Los tildan de subversivos, de colaboradores de la guerrilla. Son estudiantes que han estado en la lucha por una mejor educación, por menores costos de matrícula y por mayores presupuestos para las universidades”, manifiesta Jesús Tovar, vicepresidente de la CUT Atlántico.Todos los estudiantes muertos recibieron inicialmente amenazas, según lo denunciaron en vida.Aceu asegura que las intimidaciones más frecuentes para presionarlos y hacerlos desistir de su causa son las llamadas telefónicas, listas negras, judicializaciones injustas y sanciones disciplinarias y académicas.En Uniatlántico, hay 40 estudiantes bajo amenaza que debieron dejar la ciudad en los últimos dos años para ponerse a salvo. Mientras que otros 30, también víctimas de intimidaciones, continúan en Barranquilla exponiendo sus vidas. La CUT asegura que las denuncias han sido interpuestas ante la Fiscalía, pero por el lento transcurso de la justicia en Colombia ninguno de los amenazados cuenta con un esquema de seguridad adecuado.
De este último grupo hace parte Miguel Rueda*. En 2003 inició su pregrado y un año después comenzó a participar activamente en uno de los movimientos estudiantiles de su claustro universitario. “Unos compañeros y yo no pudimos matricularnos por falta de plata. No nos dejaban entrar a los salones y entonces comencé a recoger firmas para que nos dieran plazo para pagar y para que pudiéramos recibir las clases mientras tanto. Así me metí en la dinámica del movimiento estudiantil”, recuerda.Un panfleto con su nombre y el de otros más fue el inicio, hace tres años, de una serie de intimidaciones que todavía no terminan. “Nos acusaron de guerrilleros y nos dieron unos días para salir de la ciudad. Sin embargo, seguimos asistiendo a la Universidad como regularmente lo hacíamos”.Ese mismo año agentes que él asegura eran de la Sijín, lo detuvieron y torturaron. “Fui privado de mi libertad sin una orden de captura. Estuve retenido durante cuatro horas. Recibí golpes en la garganta, en la cabeza, en las uñas. Me presionaban para que me acogiera al Programa de Reinserción porque daban por hecho que yo era guerrillero. Es que si no lo era tenía que volverme”. Miguel realizó las denuncias pertinentes, pero hasta hoy no ha logrado saber cuál fue el origen de aquel abuso.Luego de la tortura estuvo desplazado durante 10 meses. Decidió volver a Barranquilla para terminar su carrera y reincorporarse a la militancia estudiantil. Sin embargo, ha sido objeto por tercera vez de amenazas. Las ‘Águilas Negras’ enviaron el año pasado a la Universidad del Atlántico un panfleto en el que aparecía su nombre. “Esta gente quiere que uno se quede quieto y callado mientras ocurren las arbitrariedades dentro de las universidades. Prefiero dar la cara y no salir corriendo porque esa no es la solución. Lo mejor es seguir denunciando y seguir trabajando para que la opinión pública sepa lo que está pasando”.En la Universidad se siente seguro. Cuando sale de ella evita caminar a altas horas de la noche por las calles. Vive angustiado. Además de atender las clases, el activismo y su familia, debe estar pendiente de que no le pase nada. “Sin embargo, uno deja poco a poco la paranoia y sigue adelante con las tareas trazadas”.PERSECUCIÓN CONSTANTEEl movimiento estudiantil colombiano en contra del Gobierno tiene parte de sus orígenes en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Las protestas del 8 y el 9 de junio de 1953 dejaron 13 estudiantes muertos. Desde entonces, Colombia conmemora el Día del Estudiante Caído.“Las primeras protestas urbanas antigubernamentales terminaron con el nombramiento de un coronel como rector de la Universidad Nacional de Bogotá”, recuerda José Bolaño, profesor de la Universidad del Atlántico.Medio siglo después los crímenes no cesan. Entre los más sanguinarios, Aceu enumera el silenciamiento de las vidas, a manos de grupos paramilitares, de Gustavo Marulanda, en Antioquia; Marlins De la Ossa, en Córdoba; Camilo Zuluaga, en Tolima, y de Gerson Gallardo y Edwin López, torturados cruelmente, mientras caminaban con prendas privativas del Ejército, que según Aceu, “les fueron obligadas a vestir por sus captores en medio de la selva del Catatumbo”. La Secretaría de Derechos Humanos de esta organización estudiantil también alerta en uno de sus más recientes informes sobre cómo los asesinatos e intimidaciones ponen cada vez más en grave riesgo la estabilidad de la universidad colombiana. “La agresión constituye el silenciamiento del desarrollo humano, técnico y científico del país”, se lee en uno de los apartes del documento.La Universidad Nacional es la institución pública más importante del país. Sus profesores y estudiantes han sido víctimas de señalamientos. La circulación de listas amenazantes, atribuidas al Bloque Central de los paramilitares en septiembre de 2004, hace parte de las más recientes.LA COSTA, LA SEGUNDA MÁS AMENAZADADiego Martínez, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de Aceu, asegura que los estudiantes de la Costa Norte colombiana son los que más atropellos y abusos denuncian después de los universitarios del Suroccidente.Las universidades de La Guajira, Córdoba, Sucre, Magdalena y Atlántico lideran el grupo de las costeñas, mientras que las del Valle, Nariño, Cauca y Nacional, sede Palmira, las del interior del país.Entre las denuncias formuladas por Aceu figuran violaciones de derechos a estudiantes de las universidades de La Guajira, Cartagena, Córdoba, Sucre y Atlántico. A pesar de no aparecer en el reporte, la Universidad del Magdalena es otra de las instituciones más afectadas. Una comisión estudiantil de esa universidad que viajó la semana pasada a Barranquilla a la versión libre del paramilitar Hernán Giraldo exigió claridad y justicia por los asesinatos de su vicerrector Julio Otero, de su decano Roque Morelli y del estudiante Carlos Maduro, baleados entre 2000 y 2001. Ellos fueron ultimados por supuestos nexos o afectos con la izquierda. Los crímenes le son atribuidos a Giraldo, quien aseguró que todo lo que le oliera a subversión lo acababa. Se reseña de manera especial el caso del profesor Alfredo Correa De Andreis, investigador adscrito al Instituto de Investigación de la Universidad Simón Bolívar y ex rector de la Universidad del Magdalena. En 2004, cuando lo mataron, se encontraba realizando una investigación sobre la ‘Personalidad jurídica y patrimonios de los desplazados en el Distrito de Barranquilla: casos Loma Roja, Cangrejera y Pinar del Río’. Un mes antes le habían dictado una orden de captura por los cargos de rebelión, y durante 24 horas estuvo privado de su libertad. Cuatro estudiantes y un profesor que trabajaban con el investigador asesinado fueron amenazados de muerte y debieron cambiar de ciudad.Directivos de las universidades del Norte y Simón Bolívar manifestaron su total rechazo a este tipo de mordazas porque sólo perpetúan las condiciones críticas por las que atraviesa el país.Entre los asesinatos que reseña Aceu figuran el de Francisco José Ayazo, de la Universidad de Córdoba, abaleado el 5 de enero de 2001; el de Humberto Contreras, de la Universidad del Atlántico, asesinado el 23 de abril de 2001, y el de Jairo Miguel Puello Polo, también estudiante de Uniatlántico, muerto el 3 de mayo de 2001.Rafaela Vos Obeso, vicerrectora de Investigación de la Universidad del Atlántico, asegura que la manera de resistir a todo tipo de negación de los derechos humanos en un país que se considera democrático es defendiéndolos. “La protesta es legal siempre y cuando no se genere violencia. Desde la Vicerrectoría de Investigación vinculo a los estudiantes para que formulen proyectos a través de los cuales puedan también sentar su posición sobre lo que está pasando a su alrededor”.Para Diego Martínez, “el problema es que en Colombia se viene equiparando al movimiento estudiantil con acciones terroristas. En los últimos tres años el Gobierno ha venido impulsando la idea de que al interior de las universidades hay infiltrados de diferentes grupos. Son epítetos que impiden reconocer en el contrario una posibilidad de interlocución”.
*Nombre cambiado por petición de la fuente.
Tomado de la edicion del martes 19 de junio de 2007 de El Heraldo
La Costa Norte es la segunda zona donde se registran más atropellos contra estudiantes, después del Suroccidente colombiano.
Por REDACCIÓN LOCAL
Quince estudiantes de la Universidad del Atlántico han sido asesinados desde 1993, crímenes que la comunidad académica atribuye a los grupos paramilitares.Denuncias sobre la corrupción interna en la alma máter serían la principal causa de esta seguidilla de crímenes. La cifra por sí sola es alarmante, pero cuando se suman a la lista los 18 profesores asesinados en el mismo período queda en evidencia que detrás hay una cadena de homicidios selectivos.Las denuncias han sido hechas por el Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), seccional Atlántico. De no ser por la captura de los presuntos asesinos del universitario Reinaldo Serna, se podría afirmar que todos estos delitos continúan en la impunidad.El grado de violencia no es diferente en las demás universidades públicas y privadas del país. Las manifestaciones en contra de cualquier medida que consideren nociva para sus intereses estudiantiles son para los universitarios el inicio de un camino muy peligroso. Sólo entre 2002 y 2004, según la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu), 47 fueron asesinados, 52 amenazados de muerte, 12 desaparecidos, 11 allanados, 281 detenidos de manera arbitraria, 2 secuestrados, un exiliado y 6 heridos con armas de fuego por agentes de la Policía. “Los tildan de subversivos, de colaboradores de la guerrilla. Son estudiantes que han estado en la lucha por una mejor educación, por menores costos de matrícula y por mayores presupuestos para las universidades”, manifiesta Jesús Tovar, vicepresidente de la CUT Atlántico.Todos los estudiantes muertos recibieron inicialmente amenazas, según lo denunciaron en vida.Aceu asegura que las intimidaciones más frecuentes para presionarlos y hacerlos desistir de su causa son las llamadas telefónicas, listas negras, judicializaciones injustas y sanciones disciplinarias y académicas.En Uniatlántico, hay 40 estudiantes bajo amenaza que debieron dejar la ciudad en los últimos dos años para ponerse a salvo. Mientras que otros 30, también víctimas de intimidaciones, continúan en Barranquilla exponiendo sus vidas. La CUT asegura que las denuncias han sido interpuestas ante la Fiscalía, pero por el lento transcurso de la justicia en Colombia ninguno de los amenazados cuenta con un esquema de seguridad adecuado.
De este último grupo hace parte Miguel Rueda*. En 2003 inició su pregrado y un año después comenzó a participar activamente en uno de los movimientos estudiantiles de su claustro universitario. “Unos compañeros y yo no pudimos matricularnos por falta de plata. No nos dejaban entrar a los salones y entonces comencé a recoger firmas para que nos dieran plazo para pagar y para que pudiéramos recibir las clases mientras tanto. Así me metí en la dinámica del movimiento estudiantil”, recuerda.Un panfleto con su nombre y el de otros más fue el inicio, hace tres años, de una serie de intimidaciones que todavía no terminan. “Nos acusaron de guerrilleros y nos dieron unos días para salir de la ciudad. Sin embargo, seguimos asistiendo a la Universidad como regularmente lo hacíamos”.Ese mismo año agentes que él asegura eran de la Sijín, lo detuvieron y torturaron. “Fui privado de mi libertad sin una orden de captura. Estuve retenido durante cuatro horas. Recibí golpes en la garganta, en la cabeza, en las uñas. Me presionaban para que me acogiera al Programa de Reinserción porque daban por hecho que yo era guerrillero. Es que si no lo era tenía que volverme”. Miguel realizó las denuncias pertinentes, pero hasta hoy no ha logrado saber cuál fue el origen de aquel abuso.Luego de la tortura estuvo desplazado durante 10 meses. Decidió volver a Barranquilla para terminar su carrera y reincorporarse a la militancia estudiantil. Sin embargo, ha sido objeto por tercera vez de amenazas. Las ‘Águilas Negras’ enviaron el año pasado a la Universidad del Atlántico un panfleto en el que aparecía su nombre. “Esta gente quiere que uno se quede quieto y callado mientras ocurren las arbitrariedades dentro de las universidades. Prefiero dar la cara y no salir corriendo porque esa no es la solución. Lo mejor es seguir denunciando y seguir trabajando para que la opinión pública sepa lo que está pasando”.En la Universidad se siente seguro. Cuando sale de ella evita caminar a altas horas de la noche por las calles. Vive angustiado. Además de atender las clases, el activismo y su familia, debe estar pendiente de que no le pase nada. “Sin embargo, uno deja poco a poco la paranoia y sigue adelante con las tareas trazadas”.PERSECUCIÓN CONSTANTEEl movimiento estudiantil colombiano en contra del Gobierno tiene parte de sus orígenes en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Las protestas del 8 y el 9 de junio de 1953 dejaron 13 estudiantes muertos. Desde entonces, Colombia conmemora el Día del Estudiante Caído.“Las primeras protestas urbanas antigubernamentales terminaron con el nombramiento de un coronel como rector de la Universidad Nacional de Bogotá”, recuerda José Bolaño, profesor de la Universidad del Atlántico.Medio siglo después los crímenes no cesan. Entre los más sanguinarios, Aceu enumera el silenciamiento de las vidas, a manos de grupos paramilitares, de Gustavo Marulanda, en Antioquia; Marlins De la Ossa, en Córdoba; Camilo Zuluaga, en Tolima, y de Gerson Gallardo y Edwin López, torturados cruelmente, mientras caminaban con prendas privativas del Ejército, que según Aceu, “les fueron obligadas a vestir por sus captores en medio de la selva del Catatumbo”. La Secretaría de Derechos Humanos de esta organización estudiantil también alerta en uno de sus más recientes informes sobre cómo los asesinatos e intimidaciones ponen cada vez más en grave riesgo la estabilidad de la universidad colombiana. “La agresión constituye el silenciamiento del desarrollo humano, técnico y científico del país”, se lee en uno de los apartes del documento.La Universidad Nacional es la institución pública más importante del país. Sus profesores y estudiantes han sido víctimas de señalamientos. La circulación de listas amenazantes, atribuidas al Bloque Central de los paramilitares en septiembre de 2004, hace parte de las más recientes.LA COSTA, LA SEGUNDA MÁS AMENAZADADiego Martínez, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de Aceu, asegura que los estudiantes de la Costa Norte colombiana son los que más atropellos y abusos denuncian después de los universitarios del Suroccidente.Las universidades de La Guajira, Córdoba, Sucre, Magdalena y Atlántico lideran el grupo de las costeñas, mientras que las del Valle, Nariño, Cauca y Nacional, sede Palmira, las del interior del país.Entre las denuncias formuladas por Aceu figuran violaciones de derechos a estudiantes de las universidades de La Guajira, Cartagena, Córdoba, Sucre y Atlántico. A pesar de no aparecer en el reporte, la Universidad del Magdalena es otra de las instituciones más afectadas. Una comisión estudiantil de esa universidad que viajó la semana pasada a Barranquilla a la versión libre del paramilitar Hernán Giraldo exigió claridad y justicia por los asesinatos de su vicerrector Julio Otero, de su decano Roque Morelli y del estudiante Carlos Maduro, baleados entre 2000 y 2001. Ellos fueron ultimados por supuestos nexos o afectos con la izquierda. Los crímenes le son atribuidos a Giraldo, quien aseguró que todo lo que le oliera a subversión lo acababa. Se reseña de manera especial el caso del profesor Alfredo Correa De Andreis, investigador adscrito al Instituto de Investigación de la Universidad Simón Bolívar y ex rector de la Universidad del Magdalena. En 2004, cuando lo mataron, se encontraba realizando una investigación sobre la ‘Personalidad jurídica y patrimonios de los desplazados en el Distrito de Barranquilla: casos Loma Roja, Cangrejera y Pinar del Río’. Un mes antes le habían dictado una orden de captura por los cargos de rebelión, y durante 24 horas estuvo privado de su libertad. Cuatro estudiantes y un profesor que trabajaban con el investigador asesinado fueron amenazados de muerte y debieron cambiar de ciudad.Directivos de las universidades del Norte y Simón Bolívar manifestaron su total rechazo a este tipo de mordazas porque sólo perpetúan las condiciones críticas por las que atraviesa el país.Entre los asesinatos que reseña Aceu figuran el de Francisco José Ayazo, de la Universidad de Córdoba, abaleado el 5 de enero de 2001; el de Humberto Contreras, de la Universidad del Atlántico, asesinado el 23 de abril de 2001, y el de Jairo Miguel Puello Polo, también estudiante de Uniatlántico, muerto el 3 de mayo de 2001.Rafaela Vos Obeso, vicerrectora de Investigación de la Universidad del Atlántico, asegura que la manera de resistir a todo tipo de negación de los derechos humanos en un país que se considera democrático es defendiéndolos. “La protesta es legal siempre y cuando no se genere violencia. Desde la Vicerrectoría de Investigación vinculo a los estudiantes para que formulen proyectos a través de los cuales puedan también sentar su posición sobre lo que está pasando a su alrededor”.Para Diego Martínez, “el problema es que en Colombia se viene equiparando al movimiento estudiantil con acciones terroristas. En los últimos tres años el Gobierno ha venido impulsando la idea de que al interior de las universidades hay infiltrados de diferentes grupos. Son epítetos que impiden reconocer en el contrario una posibilidad de interlocución”.
*Nombre cambiado por petición de la fuente.
Tomado de la edicion del martes 19 de junio de 2007 de El Heraldo
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